@CoparmexPuebla Inicia con el Proceso de Obtención de Apoyo Popular #REFORMA102

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La fragilidad del Estado de Derecho es el principal inhibidor del desarrollo y el bienestar en México.

Fenómenos como la inseguridad, la violación sistemática de la ley, la impunidad, la corrupción y la falta de certidumbre jurídica, solo pueden explicarse por la obsolescencia de las instituciones que tienen mandato de hacer cumplir la ley.

Para remediar esta problemática, nuestro País necesita modernizar el marco legal de las instituciones que intervienen en el proceso de prevención, investigación, persecución, enjuiciamiento y readaptación de quienes violentan la ley.

Son muchas las instituciones por vigorizar y complejas las tareas por realizar para fortalecer el Estado de Derecho en México.

Una de las primordiales, es contar con una Fiscalía General de la República moderna, y que se caracterice por su independencia, autonomía y eficacia, que respete los derechos humanos y rinda cuentas.

La inoperatividad de la actual PGR ha hecho posible que en México:

✓        La impunidad en la cual se contabiliza más de 37 mil desaparecidos desde 2007, y más de 120 mil homicidios desde 2012, incluidos los cometidos contra periodistas y activistas de los derechos humanos.

✓        La corrupción, que deja sin castigo a los responsables de casos como los de Javier y César Duarte, Odebrecht y la Estafa Maestra.

✓        La persecución política, que lo mismo amenazó a López Obrador con el desafuero derivado del caso de El Encino, que acorraló años después a Ricardo Anaya en otra elección presidencial.

✓        La incompetencia y el abuso de poder, que se tradujo en una investigación ineficaz, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa.

Desde septiembre de 2017 planteamos al Congreso de la Unión la necesidad de una transformación a fondo de la actual PGR,  y con otras organizaciones impulsamos, con instrumentos legislativos apropiados, la conformación de la Fiscalía General independiente.

Sin embargo, en la ruta ordinaria, los cambios legislativos no llegaron para hacer posible esta transformación.

Por ello, en uso de nuestros derechos ciudadanos y en el marco de la ley, hoy iniciamos el proceso para impulsar la Iniciativa Ciudadana que haga realidad nuestro anhelo de que México cuente con una Fiscalía General de la República moderna.

La Iniciativa Ciudadana #Reforma 102, para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo contribuir para la construcción de una institución que cuente con:

1.- Autonomía respecto del Poder Ejecutivo, lo que supone mecanismos estructurados de designación, con participación de la sociedad, y de separación, con previa autorización legislativa.

2.- Titulares seleccionados a partir de características como un alto perfil profesional, experiencia e independencia.

3.- Mandato limitado a un periodo máximo de 6 años el Fiscal General.

4.- Fiscalías especializadas independientes en materia electoral, anticorrupción y derechos humanos.

5.- Un Consejo del Ministerio Público que supervise el cumplimiento de los objetivos y las metas de la Fiscalía General.

6.- Activación de servicio de carrera, para asegurar altos niveles de rendimiento.

El nombramiento de un Fiscal General que en los hechos -pero también en la ley- goce de autonomía, supone que los candidatos en primera instancia sean propuestos por la sociedad civil, preservando el papel definitorio que en la designación compete al Presidente y al Senado.

Hoy sabemos que el 58% de los mexicanos piensa que las organizaciones de la sociedad civil deben ser parte activa del proceso de designación del Fiscal General, en tanto que solamente un 28% de los mexicanos opina que solo deben concurrir las autoridades referidas en la designación.

Estamos conscientes que una transformación de gran calado como nuestra propuesta lleva su tiempo, y que además de la selección de un Fiscal General con la participación de la sociedad, se requiere de la instrumentación de diversos cambios legales, empezando por una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General. Por ello proponemos un Fiscal de Transición, que esté en funciones a partir de diciembre de 2018 y hasta septiembre de 2021.

Para agilizar su nombramiento, el Fiscal de Transición debería ser electo por el método tradicional, con una terna que envíe el Ejecutivo Federal  al Senado de la República.

Desde aquí, en Coparmex Puebla,  iniciamos el proceso de obtención de apoyo popular a la Iniciativa Ciudadana #Reforma102.

De forma concurrente, voluntarios de Coparmex Nacional y los Centros Empresariales y Patronales de Coparmex de todas las demás entidades federativas están liderando esta cruzada para recabar el apoyo ciudadano a partir de firmas para la iniciativa ciudadana.

Resulta desde luego de gran simbolismo, que el proceso se realice con el apoyo de la aplicación digital desarrollada por el Instituto Nacional Electoral, lo que evidencia la evolución y maduración de nuestra democracia, hacia una de carácter participativa.

Empezamos hoy a construir el primer gran desafío que afrontará la próxima Legislatura, y el próximo Presidente de la República: Construir a partir de esta Iniciativa Ciudadana, la Fiscalía General de la República como la institución ejemplar del Estado Mexicano que garantice la máxima Juarista: “Nadie por encima de la ley, nadie al margen de la ley”.

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